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PECADOS CAPITALES (Ley de Medios)

In yo pienso on October 2, 2009 by juicytunes Tagged:

Según la Iglesia Católica Romana los vicios humanos se dividen en siete y su objetivo es el de instruir a los fieles en el sendero de la moral.  Según la orden del día N° 2005 de la Cámara de Diputados de la Nación los vicios articulados  en el dictamen de despacho se dividen en siete y su objetivo es el de cooptar a los herejes en el sendero de la Cámara  Revisora. 

Los siete pecados capitales sólo pueden ser absueltos bajo el acto sagrado del arrepentimiento y la confesión por obra y gracia de Dios. Los siete artículos del proyecto de ley son un tanto más complejos de absolver, la obra y gracia depende de 37 manos levantadas.

La Ley N° 22.285 formulada por el gobierno militar que regulaba la radiodifusión en el país sufrió más de 140 modificaciones en los últimos 29 años. Una de ellas fue en 1999 a través del Decreto 1005/99 que firmaran Carlos Menem y Carlos Corach (entre otros) que establecía en el Artículo 41 que “Las licencias se adjudicarán por un plazo de QUINCE (15) años contados desde la fecha de iniciación de las emisiones regulares”[1].  

A poco de vencer dicho plazo el entonces presidente Néstor Kirchner decidió por medio del Decreto 527/2005, firmado por Alberto y Aníbal Fernández, Roberto Lavagna y José Pampuro (entre otros) suspender “(…) por el plazo de DIEZ (10) años los términos que estuvieren transcurriendo de las licencias de servicios de radiodifusión o sus prórrogas (…)”[2]

Este año la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el acto de apertura del 127° período ordinario de sesiones realizado ante la asamblea legislativa en el Honorable Congreso de la Nación, se dirigió a los legisladores anunciando que enviaría “al Congreso todos aquellos instrumentos que las épocas y los tiempos exijan. Algunas viejas deudas también de la democracia argentina, como la reforma de la Ley de Radiodifusión, el cambio definitivo de eso, vieja deuda de la democracia”[3].

A los cinco meses se llevó a cabo la presentación oficial del proyecto de ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, dónde la presidenta afirmó que es una ley que “busca consagrar esa pluralidad, estos principios de que todos puedan ser escuchados, que la voz de todos y de todas pueda ser escuchada, la de los que nos gustan y la de los que no nos gustan; la de los que nos conviene y la de los que no nos convienen a cada uno de nosotros”[4].

Al mismo tiempo arremetió contra las empresas multimediáticas sentenciando que “conceptos como libertad de expresión, como libertad de prensa, como derecho a la información, deben ser concebidos e interpretados en su correcta dimensión. Porque libertad de expresión no puede convertirse en libertad de extorsión. Porque libertad de prensa no puede ser confundida con la libertad de los propietarios de la prensa”[5].

Se despidió del auditorio con una frase que hoy sobrevuela los despachos de los legisladores oficialistas: “Yo creo que esta ley va a poner a prueba a la democracia argentina”[6].

Y la democracia se puso a prueba la semana pasada en la Cámara Baja, dónde los diputados aprobaron la media sanción en unas jornadas signadas por las irregularidades de procedimiento y las denuncias del arco opositor más intransigente.

Durante dos horas se realizaron 24 Cuestiones de Privilegios dónde se denunció al oficialismo de no haber cumplido con el reglamento tanto de comisión como de recinto. La crítica principal fue sobre el proceso por el cual se dio quórum a la sesión especial ya que se esperó por más de dos horas a que el número de diputados sea el necesario para empezar a sesionar, cuando reglamentariamente ese tiempo de espera no puede superar los treinta minutos.

También afirmaron sentirse disminuidos en su calidad de representantes del pueblo por no haber podido tener el tiempo necesario para crear un dictamen de minoría ni tener el proyecto de ley escrito a la hora de debatirlo que se encuentre actualizado con las más de 200 modificaciones efectuadas en comisión al texto original.

Los bloques opositores (Coalición Cívica, Pro, PJ disidente y la UCR) se retiraron del recinto una vez concluidos sus discursos por los dictámenes de minoría y no volvieron a bajar en toda la sesión. Luego de reuniones en los despachos, los jefes de las bancadas dieron una conferencia de prensa fundamentando su impugnación a la votación y su rechazo al proyecto en general.

Dentro del recinto, las bancas oficialistas del FpV seguían ocupadas. También lo estaban las del socialismo, que pese a la disidencia en particular decidieron permanecer y debatir. Doce horas habían pasado desde que se dio comienzo a la sesión cuando se dispuso el proyecto a votación.

Con 146 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones la Cámara de Diputados de la Nación dieron media sanción a la ley de medios impulsada por el Gobierno.

Se cantó la marcha peronista, se agitaron banderas y se tiraron papelitos.

La polémica se avivó con la sospecha que recayó sobre una posible especulación del oficialismo en demorar el envió del proyecto a la Cámara de Senadores. Con la Presidenta fuera del país, y el vicepresidente ocupando su lugar, el Senado será presidiendo por José Pampuro lo cual le garantizaría un voto “sí positivo” en caso de ser necesario el desempate. Tanta era la sospecha que desde un canal de televisión (América 24) puso en su pantalla un cronómetro titulado: “Cepo K” que midió el tiempo que se tardo en enviar el proyecto a Senadores.

La diputada Patricia Bullrich (CC) y Silvana Giudici (UCR) ampliaron sud enuncia en una conferencia de prensa brindada a todos los medios de comunicación al día siguiente de aprobado el proyecto. Comparando la versión taquigráfica de los dichos en comisión con la versión final del proyecto encontraron incongruencias que ponía en duda si las firmas del dictamen de mayoría habían adscripto a un texto conocido o simplemente habían sido engañados.

Ese mismo día se llevó a cabo en la Universidad de Palermo un debate sobre la ley que incluyó las dos posturas dominantes y una moderada. En defensa de la ley habló Guillermo Mastrini, licenciado en Ciencias de la Comunicación. En contra de la misma, aportó sus ideas Martín Etchever, gerente de Comunicaciones Externas del Grupo Clarín. Y en su función de moderadora, intervino la Doctora en Ciencias Sociales Adriana Amado.

No es casual que los encargados de llevar adelante la disertación pertenezcan a dos ámbitos opuestos: el estatal y el privado. Y más precisamente, a la Universidad de Buenos Aires y al Grupo Clarín. Porque por en el tratamiento que se viene dando acá no se debate sobre ideas, acá se debate sobre poder.

Al menos eso es lo que se demostró desde los foros organizados por el interventor del COMFER Gabriel Mariotto (ex titular de la radio ilegal FM Ciudades que salía al aire clandestinamente por la frecuencia 103.5 en lomas de Zamora)[7] hasta el tratamiento en Diputados.

La concepción del poder, la prosecución del mismo y la ceguera institucional en la que se sumergen todos los actores que aquí convergen tiene que ver con el devenir de formas de las democracias occidentales de nuestros tiempos. Hoy no se puede debatir más allá de la agenda dominada por la crisis financiera y el sistema bancario. Todo lo que no se supedite a ello queda relegado a una mera charla de café del centro dónde más que ideas se exponen posturas.

Es innegable que los hechos nos encuentran en ésta posición. Es innegable que hoy no existen los ideales políticos, aquellos por los que generaciones enteras dieron su vida. Hoy lo que existe es una contienda desarmada en pos de la dominación y en búsqueda de la subordinación del otro.

No hay debate, no lo hubo ni habrá. La oposición lucha por poder. El oficialismo lucha por poder. Las cooperativas luchan por poder. Los pueblos originarios, los operadores de cable, los gobernadores, la Iglesia Católica, los sindicatos. Todos luchan por el poder. Es ingenuo hablar de pluralismo, de pluralidad de voces, cuando nadie puede vivir sin el poder. Nadie se siente realizado sin ejercer el poder.

Pareciera que todos entendemos ese poder como único e insuperable. Porque nadie lucha por distribuirlo, ni nadie está dispuesto a ceder lo conseguido. Es una lucha de suma cero. O gana Clarín o gana el gobierno. Porque ya ni siquiera se debate entre estado y empresa. Los ejes enfrentados tienen nombre propio. Y nosotros, ciudadanos, nos alistamos en las filas de uno u otro. Pero ¿Qué se construye con ese poder? ¿A qué llegamos cuando lo conseguimos? Eso hay que analizar. Porque al final del camino, nos encontraremos que aquello por lo que luchamos tanto tiempo no nos valió de nada.

Todo gira en torno a buscar la forma de legitimar ese poder en vez de abrirnos al dialogo sincero y liberal que es lo que nos enaltecerá como república. Es lo que le dará sentido a lo que queramos construir de aquí en más.

Hay que entender esto para saber desde que perspectiva vamos a analizarlo. Sino seguiremos padeciendo de una desnutrición cívica inaudita que ya no consigue justificativo y que sólo aumenta el descreimiento en las instituciones y el no-compromiso para con las causas nobles a las que hemos sido llamados como ciudadanos. Una actitud cívica, no partidaria, que busca la acción política frente a las realidades sociales.

Involucrarse. Por culpa del desinterés y la indiferencia nuestros representantes en la soledad de los despachos y el abatimiento del recinto han tenido que ser testigos de las prácticas más deshonrosas y que pervierten nuestro sistema democrático. No hubiese habido una 125 revocada sin la sociedad alerta a la madrugada, como así tampoco hubiese habido superpoderes si la sociedad acompañaba a los legisladores que se enfrentaban a presiones aprensivas.

Porque en eso se basa nuestro espíritu ciudadano, en el pacto sagrado constitucional que establecieron los constituyentes de la asamblea del 53 que vieron un futuro posible y superador. Involucrarse. Ser parte de.

Si vemos el fondo de la cuestión, sabremos a que nos enfrentamos. Y esto no va en detrimento de ninguna postura. Mastrini tiene razón. Etchevez tiene razón. Y evito el “pero” en el medio porque una cosa no suprime la otra. Eso es debatir.

Debatir es compartir. Animarse a compartir.

El 21 de Septiembre el proyecto de ley de medios ingresó a la Cámara Alta. A diferencia de lo pretendido por el Poder Ejecutivo y en un gesto de aquiescencia para con la oposición fue girado a las Comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, que será la cabecera,  Presupuesto y Hacienda, Industria y Comercio y por último Asuntos Constitucionales.

El tratamiento de la ley se encuentra actualmente en plenario de comisiones dónde diferentes invitados presentan sus posiciones y se someten a las preguntas de los senadores con el fin de analizar los contenidos técnicos del proyecto, para llegar al momento de la votación con un cumulo de información responsable y precisa.

Sin embrago de los 166 artículos que componen el proyecto, 7 generan controversias y plantean diferencias irreconciliables que determinarán la adhesión o no a la ley.

 1. Art. 7° Espectro radioeléctrico.

Corresponde al Poder Ejecutivo nacional, a través de la autoridad de aplicación de la presente ley, la administración, asignación, control y cuanto concierna a la gestión de los segmentos del espectro radioeléctrico destinados al servicio de radiodifusión. Los servicios de radiodifusión están sujetos a la jurisdicción federal.

El principal cuestionamiento tiene que ver con la jerarquía de jurisdicción federal que se le otorga a los servicios de radiodifusión. El sustento constitucional está dado por el artículo 32 de la Carta Magna que indica que “el Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezca sobre ella la jurisdicción federal”. Básicamente lo que de aquí se desprende es que el Gobierno Nacional no puede nunca legislar por encima y desconociendo los poderes de los gobiernos provinciales. El gobierno de San Luis anunció que demandarán al Estado si es que se llega a dar sanción de éste artículo.

Por otro lado, lo establecido acá fue uno de los motivos destacados por Mastrini para reivindicar el texto en su totalidad. Y es motivo de orgullo para los legisladores oficialistas, quienes entienden en éste punto una apertura federalista inclusiva de todo el territorio nacional bajo una misma causa superadora y que beneficiará a todos por igual.

 2. Art. 10° Autoridad de aplicación.

Créase como organismo descentralizado y autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional

          Art. 11° Naturaleza y domicilio.

          Poseerá plana capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado.

          Art. 12° Misiones y funciones.

4) Elaborar y actualizar la norma nacional de servicio y las normas técnicas que regulan la actividad.

6) Aprobar los proyectos técnicos de las estaciones de radiodifusión, otorgar la correspondiente habilitación y aprobar el inicio de las transmisiones regulares.

11) Adjudicar y prorrogar, en los casos que corresponda, y declarar la caducidad de las licencias, permisos y autorizaciones.

12) Fiscalizar y verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente y los compromisos asumidos por los prestadores de los servicios de comunicación audiovisual y radiodifusión en los aspectos técnicos, legales, administrativos y de contenidos.

21) Registrar y habilitar al personal técnico y de locución que se desempeñe en los servicios de radiodifusión y de comunicación audiovisual cuando fuere pertinente, así como proveer a su formación y capacitación.

            Art. 14° Directorio.

El Directorio estará conformado por un (1) presidente y un (1) director designados por el Poder Ejecutivo nacional; tres (3) directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, que serán seleccionados por ésta a propuesta de los bloques parlamentarios, correspondiendo uno (1) a la mayoría o primer minoría, uno (1) a la segunda minoría y uno (1) a la tercer minoría parlamentarias; dos (2) directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, debiendo uno de ellos ser un académico representante de las facultades o carreras de ciencias de la información, ciencias de la comunicación o periodismo de universidades nacionales.

 Previo a la designación, el Poder Ejecutivo nacional deberá publicar el nombre y los antecedentes curriculares de las personas propuestas para el Directorio.

Éste es quizá el artículo que más defienden desde la oposición pero que al mismo tiempo más critica la oposición por dos motivos: su composición y sus facultades.

Mastrini comparó al organismo con un árbitro de un partido que por primera vez incorpora a las minorías y qué no es concebible que esté fuera del ámbito del Poder Ejecutivo ya que siempre fue así. Los Senadores del Frente para la Victoria adhieren a ésta reflexión en sus discursos y descreen que se pueda llegar a ejercer dentro del organismo una primacía de la voluntad del gobierno. Suponen que los gobernadores no se alinearan al proyecto nacional de Cristina Fernández de Kirchner y que por lo tanto su candidato a ocupar el directorio no será un adepto al gobierno. Además destacan la mejoría que la creación de éste cuerpo traería en comparación al actual COMFER intervenido.

Desde la oposición aseguran que 5 de los 7 miembros serán del oficialismo y que por ende no existirá pluralidad de pensamientos y se perderán todas las votaciones a las que se someta al momento de decidir la asignación de las licencias. Desde el bloque de la UCR proponen que los miembros sean aprobados o revocados por el congreso por el sistema de 2/3 de las cámaras. Adriana Amado propone la incorporación de un representante de la sociedad civil, considerando que un ente de tal magnitud democrática debe representar a la ciudadanía desde un espacio más directo.

Etchever lo compara con el Consejo de la Magistratura que debiera ser “un órgano extrapoder, con un status jurídico organizacional exclusivo, que lo coloca a un costado de cualquier concepción clásica de organización del estado, no perteneciendo y/o dependiendo de ninguno de los tres poderes del Estado Provincial”[8] pero que debido a la reciente ampliación de la cantidad de miembros el oficialismo logró imponer su postura y de ésta manera ejercer coactivamente el Poder Judicial. El Senador Gerardo Morales de la UCR también lo comparó con el Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino.

Pero en el punto dónde enfatizan más su preocupación es en lo que atañe a las funciones de la Autoridad de Aplicación. Las atribuciones son vistas como discrecionales, por ejemplo en cuanto al mecanismo de adjudicación y prórroga de las licencias dónde no queda claro el criterio que se aplicará, y en el avasallamiento sobre los medios en cuanto a la capacidad con la que cuenta de controlar constantemente todos los procesos ejercidos tanto por los licenciatarios como por los trabajadores que emplea.

La Senadora María Eugenia Estenssoro (CC) en el primer día del plenario de comisiones agregó una crítica más a éste artículo. El párrafo que establece que el Poder Ejecutivo debe publicar el nombre y los antecedentes de las personas propuestas para el Directorio no establece un período, es decir no está explicitado cuando debe hacerlo, y al mismo tiempo omite informar para qué se publicarán dichos datos.

 

3. Art. 19° Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

a)    Recibir y canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público de la radio y la televisión y demás servicios regulados por la presente; teniendo legitimación judicial y extrajudicial para actuar de oficio, por sí y/o en representación de terceros, ante toda clase de autoridad administrativa o judicial.

 La Diputada Diana Conti (FpV) se enorgullece de éste artículo porque considera que por primera vez en público tendrá voz y voto con respecto a los aconteceres en los medios de comunicación. El bloque oficialista en general adhiere a este razonamiento y ejemplifican la función del Defensor con organismos justos como Defensa al Consumidor que defenderá los derechos de los ciudadanos y procurará elevar la calidad de los medios de comunicación y la defensa de los derechos de los ciudadanos.

 Sin embargo, el Senador por la Provincia de Buenos Aires Samuel Cabanchik (CC) advierte que se le están atribuyendo a una persona elegida por el Poder ejecutivo funciones que le son propias y exclusivas del Poder Judicial lo cual puede ser considerado como anticonstitucional y violatorio del pacto de San José de Costa Rica. Desde ese partido, la Diputada Patricia Bullrich denunció que con éste artículo lo único que se pretende es tutelar los medios de comunicación. Adriana Amado cuestiona el hecho de que el Defensor dependa de forma directa de la Autoridad de Aplicación, considera que debería ser un ente autárquico e independiente.

 

 4. Art. 25 Condiciones de admisibilidad.

d) No ser titular o accionista que posea el diez por ciento (10%) o más de las acciones o cuotas partes que conforman la voluntad social de una persona de existencia ideal titular o accionista de una persona de existencia ideal prestadora por licencia, concesión o permiso de un servicio público nacional, provincial o municipal.

Art. 31 Condiciones Societarias.

c)    Tener por objeto social único y exclusivo la prestación y explotación de los servicios contemplados en la presente ley y otras actividades de comunicación social.

 Durante la disertación de Gabriel Mariotto en el Senado, varios senadores de la oposición (CC-UCR) hicieron hincapié en éstos artículos cuestionando dos puntos. En primer lugar que no hay una prohibición taxativa de los contratistas del Estado, es decir los ejecutores de planes y proyectos de construcción de obras públicas para las administraciones públicas. El caso de Electroingeniería S.A.[9] se repitió incesantemente como paradigma de lo que podrá ocurrir si no se deja constancia en la ley que éste tipo de empresas queden excluidas de la capacidad de acceder a licencias.

 Se reaviva un tema que fue motivo de Cadena Nacional y que obligó a la Presidenta de la Nación a remover un artículo clave antes de enviar el proyecto a la Cámara de Diputados: el ingreso de las empresas de telefonía a los medios de comunicación[10]. Por la redacción del inciso c) del artículo 31 se establece la posibilidad que las telefónicas accedan a licencias al decir: “y otras actividades de comunicación social”. En esa personería jurídica se incluye tácitamente a las empresas de telefonía (Telefónica y Telecom). Si bien el interventor del COMFER intentó rebatir la acusación, al momento de leer los artículos se dio cuenta de la falta de precisión pero sin embargo dejo la promesa de explicarlo mejor cuando lo vuelvan a invitar a la Cámara de Senadores.

 Martín Etchever ahondó sobre éste tema y denunció irregularidades constitucionales con respecto al actual sistema. Las telefónicas – dice – tienen un artículo en el pliego de licitación de ENTEL que excluye el acceso a la radiodifusión. Esto quiere decir que en su objeto social, las telefónicas, no pueden brindar radiodifusión por un plazo de 99 años. Sin embargo desde el 94 se viola dicho principio ya que las telefónicas desde ese año tienen canales de televisión.

 Agrega que el COMFER saca réditos de dicha violación manteniendo a las licencias en situaciones de precariedad permanente. Y cita el ejemplo de TELEFE, a quién le renuevan cada 6 meses un permiso especial para que Telefónica pueda seguir operando. Sujeta a tanta discrecionalidad y subjetividad por parte del Comité es imposible se garantice dentro de esa señal la libertad de expresión, ya que cualquier voz que se alce en contra será penada con la no renovación de ese permiso estéril.

 Desde el oficialismo aseguran que no existe la intención de permitirle el ingreso de las telefónicas al mercado de los medios de comunicación (Algo que sí defiende con vehemencia el periodista Victor Hugo Morlaes, para quién supondría una efectivización y ampliación de la competencia en el mercado del cable). Pero desde la oposición insisten que la mala redacción del artículo podrá ser reinterpretada y establecer un paradigma judicial que será irrevocable.

 

5. Art. 32 Adjudicación de licencias para servicios que utilizan espectro radioeléctrico.

Las licencias para servicios de radiodifusión abierta cuya área primaria de servicio supere los cincuenta (50) kilómetros y que se encuentren localizadas en poblaciones de más que quinientos mil (500.000) habitantes, serán adjudicadas, previo concurso, por el Poder Ejecutivo nacional. Las correspondientes a los restantes servicios de comunicación audiovisual abierta y servicios de comunicación audiovisual por suscripción que utilicen vínculos radioeléctricos no satelitales y que se encuentren planificadas, serán adjudicadas por la autoridad de aplicación.

 Otra de las preguntas más recurrentes y reiteradas que se le efectuaron al interventor del COMFER tiene que ver con este artículo. Desde la oposición vislumbran cierta arbitrariedad en la confección de este apartado, porque no conciben al Poder Ejecutivo como adjudicatario directo de licencias en aquellos lugares claves dónde los medios locales poseen mayor alcance.

 Ernesto Sanz de la UCR reflexiona sobre este punto que para él es medular para la ley y concluye que se está marcando una intencionalidad política. Establecer el limite que divide a la Autoridad de Aplicación del Poder Ejecutivo en 500.000 habitantes no tiene razón de ser ya que no está vinculado a áreas de frontera o de estrategia geopolítica. Todo el bloque opositor se alinea bajo esa argumentación denunciando una diferenciación sospechosa en cuanto a la adjudicación directa.

 La respuesta del oficialismo se limita a justificar esa diferenciación en el hecho que considera que la adjudicación directa por parte del Poder Ejecutivo le dará operatividad al reordenamiento del espectro, para que se pueda operar rápido. Algo ilógico ya que se está considerando a la Autoridad de Aplicación (la cual aún ni siquiera ha sido creada) como inoperante en cuando a la adjudicación de licencias en ciudades grandes. Entonces la pregunta que se deslinda de dicho razonamiento es ¿Para qué se va a crear un organismo inoperante que va a tener que ser auxiliado por otro? ¿Por qué no se trabaja directamente en la operatividad del mismo?

 Y otro interrogante ¿Quién declara la caducidad de las licencias entonces? Mariotto responde que el único organismo que tiene esa atribución será la Autoridad de Aplicación.

 Además el artículo presenta una falla de redacción, porque si nos mantenemos firmes en cuanto a la interpretación textual de los párrafos, se le estaría dando a la Autoridad de Aplicación la potestad de adjudicar licencias sin concurso previo. Porque si en el caso del poder Ejecutivo se aclara ese punto ¿Porque no hacerlo en el de la Autoridad de Aplicación?

 

 6. Art. 45 Multiplicidad de licencias.

1)    En el orden nacional:

a)    Una (1) licencia de servicios de comunicación audiovisual sobre soporte satelital. La titularidad de una licencia de servicios de comunicación audiovisual satelital por suscripción excluye la posibilidad de ser titular de cualquier otro tipo de licencias de servicios de comunicación audiovisual.

b)    Hasta diez (10) licencias de servicios de comunicación audiovisual más la titularidad del registro de una señal de contenidos, cuando se trate de servicios de radiodifusión sonora, de radiodifusión televisiva abierta y de radiodifusión televisiva por suscripción con uso de espectro radioeléctrico.

c)    Hasta veinticuatro (24) licencias, sin perjuicio de las obligaciones emergentes de cada licencia otorgada, cuando se trate de licencias para la explotación de servicios de radiodifusión por suscripción con vínculo físico en diferentes localizaciones.

La multiplicidad de licencias – a nivel nacional y para todos los servicios – en ningún caso podrá implicar la posibilidad de prestar servicios a más del treinta y cinco por ciento (35%) del total nacional de habitantes o de abonados a los servicios referidos en este artículo, según corresponda.

Art. 58 Registro público de señales y productoras.

La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual llevará actualizado, con carácter público, el Registro de Señales y Productoras.

Art. 65 Contenidos.

Los titulares de licencias o autorización para prestar servicios de comunicación audiovisual deberán cumplir con las siguientes pautas al contenido de su programación diaria.

           Art. 67 Cuota de pantalla del cine y artes audiovisuales nacionales.

Los licenciatarios de servicios de televisión abierta deberán exhibir en estreno televisivo en sus respectivas áreas de cobertura, y por año calendario, ocho (8) películas de largometraje nacional, pudiendo optar por incluir en la misma cantidad hasta tres (3) telefilmes nacionales, en ambos casos producidos mayoritariamente por productoras independientes nacionales, cuyos derechos de antena hubieran sido adquiridos con anterioridad a la iniciación del rodaje.

            Art. 72 Obligaciones.

e) Cada licenciatario o autorizado debe poner a disposición, como información fácilmente asquecible, una carpeta de acceso público a la que deberá sumarse su exhibición sobre soporte digital en internet. En las mismas deberán constar:

viii. la(s) pauta(s) de publicidad oficial que recibiera el licenciatario, de todas las jurisdicciones nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, detallando cada una de ellas.

El tema que atañe a la multiplicidad de licencias es un entramado de artículos que se interrelacionan y que para quienes están en contra de la ley atentan contra la libertad de expresión de la que tanto se ha hablado últimamente.

Me permito hacer un paréntesis en este punto para reflexionar acerca de ese concepto que tanto unos como otros llevan como estandarte. La libertad de expresión nace de uno. Nadie puede imponerle a un ciudadano la libertad. De ésa manera aunque suene insensato se estarían coartando libertades. Nadie puede imponerle a otro que actúe de determinada manera ni hacerle creer que debe actuar de determinada manera para caminar por los senderos de la libertad.

La libertad es la capacidad de cada uno de nosotros, nacida desde lo más profundo de nuestro ser social y cívico. Capacidad que no nos es innata, sino que al contrario, vamos forjando a lo largo de nuestra vida. Queda en uno la elección de cómo se ha de vivir o cómo se ha de transitar. Como dice Kierkegaard “yo decidí qué hacer con mi vida”. Porque la libertad es el decidir. Yo decido ser libre o decido oprimirme. Pero en ese caso, incluso en la opresión, voy a seguir siendo libre, simplemente porque lo elegí yo.

Entonces acá entra en juego lo que cada uno como persona independiente y responsable decide qué hacer. La mayor libertad no es la libertad de imprenta, la mayor libertad es la libertad de pensamiento. No se pone de manifiesto mi libertad en lo que escribo o lo que digo, sino en lo que pienso y si tanto uno como otro se condice o complementan.

Nada de lo que yo escriba con mi mano como periodista y que no pueda adscribir con mi pensamiento como ser humano será considerado libertad.

Es un ejercicio que debemos hacer quienes sentimos la vocación de comunicar. Nos encontramos en la obligación de ejercitarnos diariamente en esto. No se puede minimizar mi pensamiento hecho palabra en pos de una maximización de mi credibilidad hecha oportunismo.

No podemos claudicar a lo que realmente somos y pensamos porque de esa manera estaremos ateniéndonos al sistema más tiránico que jamás haya existido: el que nosotros mismos nos imponemos.

La libertad de expresión es orgánica. Le pertenece al ser humano. Lo que se pone en juego en esta ley es el ámbito en dónde poder desarrollarla. Ni más ni menos.

 Martín Etchever, siempre desde su postura de defensa acérrima del Grupo, admite que está bien que se regule el espectro radioeléctrico, porque hay un límite planteado desde un bien público que debe distribuirse de acuerdo a criterios democráticos. Pero también reconoce que éste proyecto va más allá, porque pretende poner límites a la cantidad de licencias de cable que no usan licencia. Nada impide que en cualquier lugar del país haya tantos competidores como quieran. No hay límites en el cable porque no se utiliza el espectro radioeléctrico. Acá se ven las verdaderas intenciones, las consignadas a atacar y desmembrar determinados grupos.

El límite de 24 licencias al cable no está bien reglamentado, porque no se especifica el tamaño de las licencias, eso esta librado al libre albedrio de la Autoridad de Aplicación.

¿De qué sirve una ley que permita tener muchos medios fragmentados y pequeños pero que no puedan subsistir o que tengan que depender de la pauta oficial?, se pregunta para sí.

María Eugenia Estenssoro de la Coalición Cívica comparte esa visión. De su experiencia en los foros de FOPEA reflexiona sobre el sistema de medios en las provincias. Allí el control por parte del Estado hacia los medios de comunicación es total. Están los medios públicos (que por lo general responden a cuestiones gubernamentales) y los privados (propiedad de los mismos gobernadores, ex gobernadores o empresarios afines al gobierno). La única manera de subsistencia de esos medios es a través de la publicidad oficial, por eso se da éste alineamiento. La única manera en que ésta red de medios se desarticula es gracias a los canales nacionales, las cadenas, que esta ley elimina. Norma Morandini del frente Cívico prevé que a partir de ésta ley el único medio que va a llegar a todo el país es canal 7, que no es del estado sino es de gobierno debido a que se establece la ratificación de un directorio como el actual que es funcional al gobierno.

 En algo en lo cual concuerdan Mastrini  y Etchever es en que es fundamental que no se regule los contenidos, si la forma en los que se estructuran los medios, pero de ninguna manera se puede regular la orientación ideológica. Pero mientras el primero asegura que en esta ley será una garantía, el segundo sostiene que será disciplinado. Considera que el titular del cable debería estar supeditado a la ley de comunicación, no a la de radiodifusión, porque es un vínculo físico que no produce contenidos. Lo que debe hacerse es poner un límite razonable a la cantidad de señales propias de contenidos que transporte, no como determina ésta ley de permitir que se transporte una sola señal propia y de alcance local.

 Para trabajar como periodista en un medio de comunicación no hace falta ningún título habilitante. Si bien las universidades los otorgan no son indispensables. Los periodistas no se matriculan ni se colegian porque justamente se entiende que cualquiera tiene derecho a debatir ideas. El Registro que será necesario si se aprueba ésta ley atentará contra ésa concepción democratizante que tiene el periodismo para con la opinión libre y soberana.

 Claudio Morgado del Frente para la Victoria justifica ese artículo ya que considera necesario el registro para poder regular el porcentaje de producción local que se establece en el articulado sobre la regulación de contenidos.

 Similar es la situación con respecto a la imposición de la cuota de pantalla del cine nacional a los licenciatarios televisivos. Para el crítico de cine Quintín, los redactores de la ley con éste artículo convirtieron esa obligación de difundir cine nacional en la obligación de producirlo. Se establece que esos largometrajes deberán ser adquiridos antes de comenzar su rodaje. Esto tiene menos que ver con una cuota de pantalla que con un aporte de dinero que transforma de hecho a todos los licenciatarios en coproductores de películas argentinas[11].

 Lo que no se aclara es que ya existe un fondo para producir películas argentinas[12], fomentado por impuestos que también abonan los licenciatarios de a cuerdo a la publicidad en pantalla de sus emisoras. De hecho en el proyecto original se excluía a quienes cobrasen dicho fondo la posibilidad de acceder al nuevo. Hoy una misma producción estará beneficiada por dos gravámenes que pagará un mismo titular.

 

 7. Art. 161 Adecuación.

Los titulares de licencias de los servicios y registros regulados por esta ley, que a la fecha de su sanción no reúnan  o no cumplan los requisitos previstos por la misma, o las personas jurídicas que al momento de entrada en vigencia de esta ley fueran titulares de una cantidad mayor de licencias, o con una composición societaria diferente a la permitida, deberán ajustarse a las disposiciones de la presente en un plazo no mayor a un (1) año desde que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición.

Art. 113 Caducidad de la licencia.

Al declararse la caducidad de la licencia, la autoridad de aplicación efectuará un nuevo llamado a concurso dentro de los treinta (30) días de quedar firme la sanción. Hasta tanto se adjudique la nueva licencia, la autoridad de aplicación se hará cargo de la administración de la emisora.

 El último y quizá el más cuestionado artículo. Se tiene que comprender la discusión en base al decreto firmado por Néstor Kirchner que prorrogó hace 4 años todas las licencias en base a la inmensa inversión que habían realizado los titulares por un período de 10 años.

 Acá la polémica pasa por el periodo que se establece para que un titular se desligue de las licencias para poder adecuarse a la nueva ley. Los que se oponen consideran que el plazo de un año se van a tener que enajenar los activos devaluándose debido a la sobre oferta y poniendo a disposición de los empresarios cercanos al oficialismo la capacidad de adquirir esas licencias y sustentarlas luego a través de la publicidad oficial.

 Liliana Negre  del Frente Justicialista advirtió que de no modificarse ese plazo se producirá una enormidad de juicios al Estado con reclamos patrimoniales (el 80% de la totalidad de las licencias actuales deberán ser vendidas en un año). Y le recriminó al interventor del COMFER no haber controlado antes a los monopolios se aplicando las normas en vigencia. No se controlaron las transferencias de paquetes accionarios ni se aplica la ley antimonopolio.

 Gerardo Morales (UCR) denunció que el resultante de la posible actuación conjunta de éste artículo con el 113 se procederá a una confiscación por parte del Estado de las licencias que no hayan podido venderse en ese período. Además recalcó que pese a el insistente rechazo por la ley de la dictadura se ha copiado fidedignamente ése artículo 113 del antiguo artículo 40 de la ley firmada entre otros por Rafael Videla.

 La AEA acaba de publicar una solicitada afirmando que la ley desalienta las inversiones. El país se vuelve impredecible y se ve dañada la seguridad jurídica. A lo que Luis Naidenoff (UCR) suscribe ampliando: afecta en el marco de la previsibilidad las inversiones ya realizadas en función de un acto del Estado.

 La respuesta de Mariotto fue concluyente. Para él no existen los derechos adquiridos. Y que en su escala de preferencias, prioriza la pluralidad de voces por sobre los derechos empresariales. Algo parecido a lo expresado por Mastrini, para quién si bien se tiene que asegurar la rentabilidad económica también se tiene que mantener la pluralidad

 Era hora que en éste país inquebrantable los habitantes del territorio nacional asumamos nuestro deber cívico de velar y proteger este Estado de Derecho que no fue sencillo conseguir. Tenemos una constitución que es un ejemplo, pero de nada vale la letra escrita si no se la asume. Hay que hacerse cargo agradeciendo ser parte de una República que resiste ante todos los que se empeñan en destruirla.

Esta Democracia superadora, retrógrada, disminuida, absoluta o cómo sea que quieran considerarla es la que nos permite hoy en día poder hablar y decir sin temer, y eso ya es mucho.

 No se puede vivir con miedo. Porque es el que funciona coactivamente sobre nuestros hombros y con el que cargamos melancólicos añorando tiempos que jamás vivimos y que no estamos seguros siquiera que hayan existido. Pero ahí vamos, siempre quejándonos por lo que no tenemos sin darnos cuenta que de la queja no brotan soluciones. Hay que actuar. Hay que dar testimonio, no solo contar. Hablar, gritar, protestar y expresarnos sin censura previa pero sin permitir tampoco censura posterior. Respetando las voces ajenas que seguramente también querrán hablar, gritar, protestar y expresarse.

 Yo no quiero una ley de la dictadura, pero tampoco quiero una mala ley de la Democracia.

 Serán días de mucha gente diciendo cosas, de mucha otra no queriendo escucharlas. Pero a diferencia de la Divina Comedia del Dante, acá nadie se someterá a los castigos descendientes del infierno acompañados por Virgilio. Los pecados no serán purificados por obra y gracia de los ángeles, sino por la voluntad y humildad de nuestros representantes. La ciudadanía dependerá de un ente más poderoso y temerario que la voluntad de Dios: la del hombre.

 

 

 


 

[1] Modificaciones de la Ley Nº 22.285, a los efectos de posibilitar su adecuación a las transformaciones operadas en los campos económicos, sociales y tecnológicos, Secretaría de Medio de Comunicación, Jefatura de Gabinete de Ministros.

 

[2] Suspéndanse por el plazo de diez años los términos que estuvieren transcurriendo de las licencias de servicios de radiodifusión o sus prórrogas previstos en el artículo 41 de la Ley Nº 22.285 y sus modificatorias, Secretaría de Medio de Comunicación, Jefatura de Gabinete de Ministros.

[3] Palabras de la Presidenta en la Apertura de Sesiones del Congreso Nacional, Versión Taquigráfica del discurso, Presidencia de la Nación Argentina.

[4] Presentación del proyecto de ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, Versión Taquigráfica del discurso, Presidencia de la Nación Argentina.

[5] Ibid.

[6] Ibid.

[7] Diario Crítica de la Argentina, Año 2 N° 437, 17 de junio de 2009, págs. 12-13.

[8] Declaración de principios del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires.

[9] Electroingeniería S.A. es una compañía cordobesa propiedad de Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra de fuerte llegada al kirchnerismo (Ferreyra fue compañero de militancia en los 70 del secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini) dedicada principalmente a la obra pública pero que estuvo ligada al caso Skanska y casos de denuncias por sobreprecios. En enero del 2009 compró radio Del Plata (1030 AM) dónde se emitía el programa “Puntos de Vista” conducido por Nelson Castro. En el marco de una investigación sobre los sobreprecios en la obra pública de Santa Cruz, Castro entrevistó al Diputado Juan Carlos Morán de la Coalición Cívica quién investigaba el hecho junto a sus compañeros de bancada Adrián Pérez y Fernando Sánchez. Luego de ésta entrevista la empresa decidió rescindirle de inmediato el contrato al periodista un año antes de que finalice.

[10] Artículo 25 del proyecto de ley original de medios y servicios de comunicación audiovisual.

[11] Diario Perfil, “Sólo un artículo”, 19 de Septiembre del 2009.

[12] Ley 17.741

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